La Real Academia Española define la estadística como «el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas».
Lo que la RAE no apunta, porque no le corresponde hacerlo, es que esta rama de las Matemáticas se ha convertido en los tiempos actuales, marcados por la crisis económica, en una suerte de arma arrojadiza cuando vienen mal dadas y un asidero al que agarrarse cuando presentan resultados positivos.
La crisis económica constituye la principal preocupación de los ciudadanos, como viene reiterando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en sus últimos informes, y la clase política maneja las estadísticas para articular su discurso. Una circunstancia que se ha extendido especialmente debido a la coyuntura económica, la peor que se recuerda en décadas.
Un argumentario del grupo parlamentario socialista en el Congreso, fechado el día 12 de abril, aleccionaba a los diputados del PSOE para replicar unas declaraciones de la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, referidas a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vaticinan la caída de España desde el noveno al duodécimo puesto en el ranking de economías mundiales.
La doctrina impartida a los diputados socialistas contraponía los datos «reales» de la OCDE a los del FMI. Un batiburrillo de siglas y un cruce datos convertidos en arma política.
Sin embargo, detrás de los sucesivos informes que marcan el discurso y los argumentarios de la clase política, se esconden auténticas pifias estadísticas.
El último caso conocido lo ha protagonizado el Ministerio de Industria, que en el informe sobre inversiones extranjeras en España correspondiente al cierre del ejercicio 2009 contabilizó los doscientos millones que la empresa fantasma Dalport -con sede en Uruguay- pretendía desembolsar con su desembarco en el Valencia Club de Fútbol.
La operación resultó un fiasco, una engañifa, una mentira encubierta en un logotipo inventado, pero eso no fue obstáculo para que el Ministerio contemplara, sin el más mínimo rigor científico, esos doscientos millones de euros en la estadística oficial.
No se trata, sin embargo, del primer caso de desbarajuste estadístico en el departamento que dirige Miguel Sebastián. De hecho, hasta hace apenas un año, el informe Frontur, que mide el número de turistas extranjeros que visitan España, computaba a la Región de Murcia a los foráneos que llegaban a nuestro país a través del aeropuerto de San Javier, pero que pasaban sus vacaciones en la provincia de Alicante, fundamentalmente en destinos de la comarca de la Vega Baja.
En este caso, fue el Instituto de Estudios Turísticos -dependiente del Ministerio- el que hizo público el error estadístico, que durante meses restó turistas a la Comunidad Valenciana y, en definitiva, otorgó munición para las críticas de la oposición a la Generalitat por su gestión en materia turística. Otro baile de cifras significativo se encuentra en la página web de la mismísima Moncloa. El sitio conduce a un enlace de Invest in Spain, un organismo gubernamental dedicado a captar inversiones extranjeras en España en el que, por cierto, todavía figuran como buenos los doscientos millones de Dalport.
Invest in Spain ofrece a los eventuales inversores extranjeros datos desfasados sobre la economía valenciana, aunque se excusa diciendo que las cifras han sido proporcionadas por la Comunidad Autónoma.
Un simple visitazo al Instituto Nacional de Estadística serviría para actualizar el PIB regional -la última cifra, correspondiente al ejercicio 2009, se conoció el 23 de marzo y, sin embargo, se mantiene como buena la de 2008-.
El desajuste se produce también en parámetros como las exportaciones, donde los datos figuran con más de dos años de retraso.
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