Acusado de crímenes contra la Humanidad, este profesor de matemáticas de 67 años está acusado de haber orquestado la muerte de unas 20 mil personas que pasaron por la prisión S-21 (también conocida como Tuol Sleng), donde eran encarcelados en secreto los supuestos opositores para ser torturados y ejecutados.
La Fiscalía internacional que participa en el proceso contra los Jemeres Rojos en Camboya pidió hoy 40 años de prisión para Kaing Guek Eav, alias Duch, primer acusado de este proceso contra los organizadores de uno de los regímenes más temibles.
'Nadie debe cometer el error de creer que este juicio supone una confesión de culpabilidad', dijo el procurador William Smith, en referencia a la petición de la defensa de que se tenga en cuenta la admisión de culpabilidad y arrepentimiento por parte del acusado.
'Si esta pena recae sobre el acusado no se le priva de su humanidad, sino que se devuelve la humanidad a las víctimas de S-21', dijo el fiscal australiano. La defensa pidió además la anulación del juicio, ya que Duch hizo diez años de prisión preventiva, lo que vulneró sus derechos.
El acusado leyó por su parte un texto en el que quiso excusar su actuación al frente del temible centro penitenciario, convertido hoy en museo para la memoria. 'Me vi envuelto en el servicio a una organización criminal que destruía a su propio pueblo de una forma escandalosa. No logré retirarme. Era parte del engranaje de una máquina en marcha', dijo el acusado.
Un cuarta parte de la población del país - entre 1.7 y dos millones de personas - perdió la vida después de que Pol Pot, el Hermano Número 1, declarara el Año Cero, en un intento por romper con el pasado, e instaurara un régimen basado en el terror entre 1975 y 1979 en Camboya.
El 17 de abril de 1975, tras la toma de Phnom Penh y la derrota de las tropas pro-estadunidenses de Lon Nol, los Jemeres Rojos evacuaban la totalidad de las ciudades y enviaban a millones de personas a campos de trabajo.
En apenas cuatro años, cientos de miles de camboyanos perdieron la vida a causa del hambre y las enfermedades, y otras 200 mil murieron ejecutadas.
El juicio contra los Jemeres, que ha necesitado 13 años de arduas negociaciones entre el gobierno camboyano y Naciones Unidas, estuvo envuelto en un halo de polémica por las acusaciones sobre la falta de transparencia. Un documento confidencial de Naciones Unidas revelaba en 2008 que altos funcionaros del gobierno camboyano sobornaron a miembros del tribunal integrado por jueces locales y extranjeros-, mientras analistas independientes denunciaron la interferencia política, una práctica común en un país pobre y corrupto como Camboya.
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