sábado, 2 de enero de 2010

En Galicia (España), los directores y directoras de los centros cargan contra el decreto del gallego por "inviable" y "esperpéntico"



Al final, la última palabra en el reparto de asignaturas entre gallego y castellano, con un tercio en inglés si cuentan con medios para hacerlo, cae prácticamente de lleno en manos de los propios colegios. De los Consellos Escolares, donde el personal directivo, profesores y profesoras, alumnado y padres y madres, tendrán que encajar toda la programación, materia por materia, para adaptarse a las reglas que marca el nuevo decreto lingüístico a partir del próximo curso con un respeto escrupuloso a la distribución entre los tres idiomas. Las novedades pillan a la comunidad educativa de vacaciones y sorprendida por el contenido de la norma. "Una auténtica chapuza", asegura, tajante, José Ángel Suárez, presidente de los directores de secundaria de Galicia. "Esperpéntico", añade, sin morderse la lengua tampoco, el máximo responsable de los centros de primaria en Vigo, Alfonso Guitián. Los que se enfrentan día a día con el trabajo en las aulas y la organización interna de institutos y escuelas dan por hecho que tal y como está planteado el borrador es "imposible" ponerlo en práctica y alertan de los "graves conflictos" que puede levantar.
"Lo increíble es que no había ningún problema, lo crearon ellos y ahora pretenden que lo resolvamos nosotros", se queja Suárez. Ni siquiera entra a desgranar las cuotas establecidas para cada lengua, "una cuestión política, no educativa desde luego". "Lo que no tiene sentido es cómo quieren aplicarlo, francamente no le veo ningún recorrido", insiste. Los directores de secundaria se preguntan hasta qué punto la consulta a los padres en las asignaturas "instrumentales", Matemáticas y Coñecemento Social, una en gallego y otra en castellano– estarán legitimadas. "¿Y si votan cinco padres, tres apuestan por una fórmula y dos por otra? ¿Eso va a marcar nuestra línea educativa?", cuestiona el presidente, preocupado también por el lugar en el que quedan los "derechos individuales" de una familia que se plante en desacuerdo con la decisión adoptada en el colegio y la posibilidad que el mismo borrador de decreto recoge para elegir la lengua del libro de texto y del examen, sea cual sea la materia.
"Nos dejan la pelota sobre nuestro tejado –continúa José Ángel Suárez– y eso va a generar conflictos muy graves". Y un "caos". "Todos deberíamos seguir una misma línea para evitar desigualdades en la escolarización y al final cada uno tendrá que seguir la suya", critica.
"Estoy harto de los devaneos políticos", reconoce Alfonso Guitián. Tras 30 años de profesión, "parece que ya todo vale". "Somos el estropajo de la educación; desde arriba es muy fácil decidir, pero el problema nos cae ahora a nosotros, que no lo hemos creado", apunta. En el caso de primaria, la elección que se deja para los padres está entre Matemáticas y Coñecemento do Medio. "No deberían intervenir en nada, para eso están los técnicos, ¿o es que yo puedo decidir si una calle es de doble vía o no porque me conviene?", cuestiona.
La preocupación por los posibles enfrentamientos que en cada centro se generen ante el reparto de asignaturas se repite en su caso. "Es que hacen cosas imposibles de cumplir", lamenta Guitián, que une la pérdida de tiempo con "las tonterías de consultas y papeleo" que les espera en detrimento del tiempo para su tarea. "Todo, parece, menos dar clase", resume el presidente de los centros de primaria.
En su primer análisis del documento, la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística recogen precisamente el miedo a la aparición de conflictos en los colegios y "la sociedad". "Es un decreto hecho desde el desconocimiento de la realidad de los centros educativos", señalan. La plataforma mantiene que el reparto discrimina a una lengua "minorizada" como el gallego, que requería el 50% por lo menos de las materias y niegan que exista "libertad" para los padres "cuando se va a respetar sólo la decisión de una parte".
Ni Galicia Bilingüe, una de las principales demandantes del nuevo decreto, está satisfecha. La organización se siente "engañada" e incluso afirman que la normativa, todavía por consensuar con la comunidad educativa, la Real Academia y el Consello da Cultura, es "inconstitucional". Los cambios, según su presidenta, Gloria Lago, están "para despistar" porque "persiste la imposición".

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Para UPyD, es "falso" que los padres podrán elegir en Primaria y Secundaria el idioma de las asignaturas troncales, ya que en el primer caso "únicamente podrán elegir entre Matemáticas o Conocimiento del Medio", mientras que en el segundo podrán elegir podrán elegir Matemáticas y Ciencias Sociales.
"A este fraude hay que añadir otro y es que el proceso de consulta a los padres se realizará cada cuatro cursos escolares.
Desde nuestro punto de vista, nada que ver con lo prometido. El señor Núñez Feijóo ha engañado a los ciudadanos", señala UPyD en un comunicado.
Para UPyD el gobierno del Partido Popular está muy lejos de promover el bilingüismo armónico prometido por el presidente de la Xunta, ya que tampoco en las comunicaciones con el ciudadano de la Administración se cumple, según denuncia este partido.

Anónimo dijo...

Galicia Bilingüe encuentra graves defectos, la plataforma en pro de la normalización "Queremos Galego" los ve igualmente tan graves o más, aunque desde la otra orilla. Este colectivo ya ha convocado para el próximo día 21 una huelga en la enseñanza contra el proyecto de la Xunta al apreciar en él "una política de exterminio" hacia el gallego en la enseñanza. A su juicio, la ley que desarrolla el proceso de galleguización en las aulas exige que el mismo sea progresivo y, por tanto, argumenta que no se pueden aprobar normas que reduzcan su presencia con respecto al decreto anterior, que en su opinión es lo que ocurre con el ahora presentado. También el PSOE y el BNG, que formaron el bipartito que dio luz al decreto del gallego todavía vigente, le devuelven los ataques a Feijóo, al que acusan de romper el consenso y "trasladar la tensión y la división contra el idioma a las aulas". La Xunta enviará ahora el borrador del decreto a la comunidad educativa, la Real Academia Galega y el Consello da Cultura en busca de un consenso. A nadie se le oculta la enorme dificultad de conseguirlo. Es cierto que existen sensibilidades sociales divergentes, como las que representan las dos plataformas citadas, y que éstas, por su dinamismo, se han erigido de alguna manera en símbolos del conflicto. Pero no se trata únicamente de contentar a dos asociaciones. Ojalá fuera sólo eso. En Galicia conviven también, desde el punto de vista lingüístico, distintas realidades territoriales, por así llamarlas, como las que representan la Galicia interior y la de las grandes urbes del eje Atlántico, e incluso entre éstas existen claras diferencias sociológicas, por ejemplo de Santiago respecto a Coruña o Vigo.
Eso, sin entrar en el obstáculo que representa desde el punto de vista presupuestario aplicar tal o cual medida, o en el debate sobre los riesgos de crear modelos educativos que pudieran resultar poco integradores cuando no abiertamente excluyentes. La indeclinable obligación de los poderes públicos de proteger y promover una seña de identidad esencial del pueblo gallego, como es su lengua, y hacerlo al mismo tiempo que se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a utilizar libremente, en todo ámbito y situación, las dos lenguas oficiales en el territorio entraña de por sí, en fin, una realidad compleja de gestionar. Añádase a todo ello la promesa electoral y estaremos ante la cuadratura del círculo que el borrador de decreto presentado debía dibujar. El rechazo de unos y otros es consecuencia, precisamente, del intento de elaborar un texto buscando equidad, un punto de equilibrio que atienda las demandas básicas de las partes y al tiempo respetase, claro está, la legislación vigente.
Es en verdad un escenario extremadamente complejo. Pero no es nuevo. Ya estaba ahí cuando el por entonces candidato y en la actualidad presidente Feijóo se metió en él. Hace bien ahora en buscar el consenso. Pero debe ser la propia Xunta quien lo lidere y oriente y quien asuma la responsabilidad del éxito o el fracaso en su consecución. No parece realista pensar, por ejemplo, que el conflicto pueda solucionarse sin más trasladando buena parte de la capacidad de decisión a los consejos escolares. Pese a ese cúmulo de dificultades, el consenso es no sólo posible, sino casi obligatorio. Por el daño enorme que puede causarse al sistema educativo gallego, urgido como nunca de garantizar la excelencia en la formación de las generaciones futuras, en tanto en cuanto representan la mejor garantía de prosperidad y progreso, si cada vez que se produzca una alternancia en la la Xunta se cambia también el decreto correspondiente. Y porque la inmensa mayoría de los gallegos no se merecen padecer más tiempo un conflicto que, como ya dijimos en este mismo espacio editorial, han sabido mantener alejado de la vida diaria y la calle con ejemplar sentido común.
Un saludo desde Galicia