Un proyecto de Ley de Educación Superior presentado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENEPLADES) ha causado un amplio debate en Ecuador en torno a la necesidad de elevar la calidad de las universidades en el país.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha reiterado que su gobierno no permitirá “la mediocridad de tantas universidades”. De hecho, el gobierno y los rectores de las universidades han coincidido en que la educación superior ecuatoriana se encuentra en crisis. No obstante, ambos sectores mantienen una serie de discrepancias sobre los caminos para salir de tal situación. Un reciente informe del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), entidad liderada por representantes de las universidades, señala que 41 de las 71 universidades que tiene el país obtuvieron una calificación inferior a siete sobre 25 puntos en investigación y 15 entidades obtuvieron una calificación de cero. (
La propuesta legal del oficialismo para mejorar la educación superior, expresada en 234 artículos, incluye aspectos de aplicación en un corto plazo como la obligatoriedad de que las universidades cuenten con un 60% de sus profesores y profesoras trabajando tiempo completo, y el requisito de tener un doctorado para ser rector o profesor titular principal. Sin embargo, uno de los puntos que más controversia ha causado es la propuesta de que el ente regulador del sistema esté conformado por cinco representantes del Ejecutivo -de los cuales uno lo presidirá y tendrá voto dirimente- y cinco académicos elegidos por concurso, excluyéndose a los rectores universitarios, cosa contraria a lo que ocurre hoy en el CONESUP, donde los delegados de las universidades tienen amplia mayoría.
El Secretario de Planificación y Desarrollo, Rene Ramírez, dijo a BBC Mundo que los rectores de las universidades no pueden ser juez y parte dentro del sistema. “Lo que han demostrado los resultados de los estudios sobre la calidad de la educación superior en el país es que no ha existido una regulación”, afirmó Ramírez. El rector de la Universidad Central del Ecuador, el centro de educación superior más grande y antiguo del país, Édgar Samaniego, manifestó a BBC Mundo que el proyecto oficialista “trata de someter al sistema nacional de educación superior al control irrestricto del Ejecutivo”. En ello coincidió el rector de la Escuela Politécnica Nacional, Alfonso Espinosa, quien dijo que sin la presencia de representantes de las universidades en el ente regulador de la educación superior no se podrá establecer una coordinación interna del sistema.
Según el proyecto del gobierno, el nuevo Consejo de Educación Superior tendrá entre sus atribuciones el “aprobar aquellas carreras y programas considerados de interés público en base al Plan Nacional de Desarrollo”.
“Es necesario que el Estado tenga políticas respecto a qué se debe investigar y a qué carreras se tiene que promover”, sostuvo el principal de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Estos planteamientos han sido vistos por algunos rectores como contrarios a la garantía constitucional de autonomía universitaria.
Frente a ello, el presidente Correa ha manifestado que una cosa es la autonomía de las universidades, que según el mandatario será respetada, y otra la autonomía del sistema de educación superior. "La educación superior nos concierne a todos, empezando por el gobierno", dijo el presidente y agregó que con la nueva Ley se acabarán muchos privilegios: "Por eso es que hay resistencia, porque se acaba la mediocridad".
En este marco, los rectores de la Universidad Central y de la Escuela Politécnica reconocieron que si bien se oponen a varios puntos de la propuesta oficialista, coinciden en que es necesario que las universidades públicas y privadas del país hagan una autocrítica y estén dispuestas a efectuar correctivos. Alfonso Espinosa manifestó estar “plenamente de acuerdo en que exista un organismo de aseguramiento de la calidad de la educación superior muy fuerte”. El rector de la Politécnica además coincidió en que las universidades en el país deben tener un alto porcentaje de profesores a tiempo completo con formación a nivel de maestrías y doctorados. “El 78% de los profesores universitarios en el país trabajan por horas. Entonces allí es imposible que exista investigación”, dijo Espinosa.
Por su parte, Édgar Samaniego afirmó que no se puede decir que todas las universidades ecuatorianas como mediocres, es evidente que el sistema sufre de dolencias como la ausencia de investigación científica y la politización presente en varias entidades de educación superior. A ello el rector de la Universidad Central añadió que pese a que el presupuesto destinado por el Estado a las universidades nunca ha sido el necesario para su proyección, “las universidades debemos informar al país el modo en que invertimos ese dinero”.
El proyecto de Ley de Educación Superior presentado por la Senplades está siendo puesto a consideración de diversos sectores de la sociedad por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, entidad que prevé tener listo un informe para debate del pleno de la Asamblea en los próximos días. Y mientras el proyecto oficialista sigue su trámite legislativo, el secretario de Planificación, René Ramírez, continúa anunciando las medidas que el gobierno dice tener en mente: becas para que ecuatorianos desarrollen cursos de posgrado en el exterior, repatriación de nacionales que tienen altos niveles académicos, terminación del “negocio” que implica el que universidades ecuatorianas cobren por homologar títulos obtenidos en el extranjero, fomento a la investigación, entre otros aspectos.
Pero el rector de la Politécnica, Alfonso Espinosa, se preguntó cómo se van a llevar adelante todas estas medidas "sin la participación de las universidades en el ente regulador del sistema".
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